El Gobierno autollamado de la 4T, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pagó por 13 centrales de generación eléctrica de Iberdrola que se “nacionalizaron”, pero no tendrá control operativo ni administrativo sobre ellas.
Aunque el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ya destinó 2,420 millones de dólares para la compra, administrará las plantas un fondo privado: México Infraestructure Partners (MIP), mediante un fideicomiso de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD).
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó el pasado 13 de febrero la compra con la condición de que el Estado no interfiera en la operación de las centrales en el mercado; es decir que la 4T pagó por plantas de Iberdrola, pero no las controlará.
Un reporte de Reforma apunta que otra condición de la Cofece fue que el Finadin no pueda remover libremente a MIP como administrador del fideicomiso, o que funcionarios de cualquier dependencia, incluida la CFE, puedan participar en su Comité Técnico o dar cualquier tipo de asesoría o servicio a las plantas.
Además, para decisiones relevantes, se requerirá el voto de más de la mitad de los tenedores de certificados bursátiles independientes, es decir, inversionistas privados sin relación con el Fonadin.
